Glosario
Según el artículo 3 de la Ley 9036:
Actividades agrarias: actividades productivas basadas en la utilización de los recursos
naturales: agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura, pesca y
maricultura.
Actividades no agrarias: actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios
existentes en el medio rural.
Actores sociales: agrupaciones socioeconómicas, empresariales, corporativas, culturales,
religiosas, ecológicas, de personas de la tercera edad y de personas con
discapacidad pertenecientes a los territorios rurales que participan en los
procesos de desarrollo de los territorios rurales. Este concepto incluye los
gobiernos locales, las instituciones públicas con presencia territorial estable
y las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG) y a personas físicas.
Agrocadenas: redes de relaciones en el proceso de
obtención de determinados productos originados en el medio rural, agrarias y
no agrarias, con el fin de agregar o aumentar su valor a lo largo de los
diferentes eslabones, desde su etapa de producción hasta su uso final en los
ámbitos territorial o extraterritorial, incluyendo la comercialización, el
mercadeo y la distribución.
Asentamientos
campesinos:
unidad física, económica, social, cultural y organizativa, producto del
proceso de transformación agraria orientado por el Inder, que cuenta con
vivienda y recursos de uso comunitario como caminos, escuela, puesto de
salud, agua potable, electricidad y áreas administrativas.
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Competitividad: la capacidad de los actores sociales territoriales, gestores del
desarrollo y de las organizaciones públicas y privadas, lucrativas o no, de
realizar actividades productivas de interés nacional, de brindar servicios
básicos y de mantener ventajas comparativas y competitivas sistemáticas que le
permitan alcanzar, sostener y mejorar su posición en el ámbito territorial y
extraterritorial.
Consejo Regional de Desarrollo Rural: instancia regional de coordinación del
desarrollo rural territorial en las regiones de planificación establecidas por
el Inder, cuya coordinación será facilitada por este instituto.
Desarrollo humano: la finalidad del desarrollo territorial rural es contribuir al proceso
de generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad
y el crecimiento personal de los habitantes.
Desarrollo rural territorial: proceso de cambio integral en materia
económica, social, cultural e institucional, impulsado en un territorio rural,
con la participación concertada y organizada de todos los actores sociales
existentes en dicho territorio, orientado a la búsqueda de la competitividad,
la equidad, el bienestar y la cohesión e identidad social de sus pobladores.
Economías familiares rurales: unidades económicas o empresas que funcionan
de forma autogestionaria por la familia, con acceso a la tierra o no y al área
rural en general. Se comportan como empresas familiares puesto que la familia
constituye la reserva de mano de obra y, al mismo tiempo, una unidad de
consumo. Por la posibilidad de satisfacer necesidades de consumo con su propia
producción, combinan producción de subsistencia y de mercado. Muchas de ellas
están envueltas en redes sociales de apoyo mutuo, así como en relaciones de
interdependencia con otras empresas. En esta definición se incluye a los microproductores.
Integralidad:
se concibe el desarrollo territorial rural como un proceso multidimensional y
multisectorial que requiere la atención simultánea, a fin de evitar la
ejecución de acciones aisladas o sin una misma orientación.
Multifuncionalidad: variado conjunto de
funciones desempeñadas en el medio rural, en donde a sus contribuciones
generadas con las actividades rurales, agrarias y no agrarias (agroindustria, agronegocios, turismo y otros servicios) se suman hoy otras
funciones esenciales para toda la sociedad, entre las que sobresalen la
preservación de los recursos naturales, el suministro de servicios ambientales,
el mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la extensión de las
diversas modalidades de gestión agroambiental.
Multisectorialidad: proceso de articulación del conjunto
de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ubicadas en un
territorio rural, con la finalidad de atender desde su misión y sector
particular de acción y de manera simultánea, las necesidades y demandas
multidimensionales e impulsar las potencialidades multifuncionales de los
territorios rurales.
Participación: acción organizada de los
actores sociales territoriales que les permite tomar sus propias decisiones
según los intereses territoriales, en coordinación con las instituciones
estatales que las respetarán.
Pequeños
y medianos productores agropecuarios rurales: unidades económicas de carácter
empresarial en las cuales la participación de la familia no es definitiva. La
mayor parte de su producción está destinada al mercado y utilizan en forma
regular mano de obra contratada.
Sostenibilidad: conjunto de procesos
económicos sociales e institucionales, continuos, progresivos y autónomos, efectuados
en armonía con el ambiente, de manera tal que garanticen la satisfacción de las
necesidades de las actuales generaciones, así como la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Comprende las actividades
humanas orientadas a la conservación, recuperación, protección y uso adecuado
de los recursos naturales mediante formas económicas, sociales y
organizacionales en correspondencia con la dinámica propia del medio natural de
los territorios rurales.
Municipio: está constituido por el
conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón que promueven y
administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. La
municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y
personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y
contratos necesarios para cumplir sus fines.
Contratación agroindustrial: proceso de
integración productiva de los distintos sectores que participan en la
actividad, productores, industrializadores y comercializadores, regido por
principios que busquen establecer un régimen equitativo, garantizando la
participación racional y justa de cada sector. Se entenderá bajo parámetros de
fomento a la producción y distribución equitativa de la riqueza, en consonancia
con los valores de solidaridad y justicia social.